La rebaja de penas a condenados por delitos de abusos sexuales y violación a menores sigue tensionando al Gobierno y escalando cada día, puesto que ahora el Frente Amplio elevó el tono y exigió la renuncia del ministro de Justicia, Fernando Rabat.
De esta forma, la bancada de diputadas y diputados del FA pidió al Presidente José Antonio Kast que haga efectiva la salida de Rabat, debido a que su cartera otorgó 56 rebajas de condena vía decreto a personas condenadas por delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes, así como a personas condenadas por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura, rompiendo con el criterio que los gobiernos anteriores seguían al rechazar dichas solicitudes y defender esta postura ante tribunales.
La jefa de bancada del Frente Amplio, Emilia Schneider, señaló que “el gobierno del presidente Kast ha mostrado su total desprecio por las víctimas, porque sólo han mostrado empatía y compasión con los violadores de derechos humanos y ahora con los abusadores y violadores de niños y niñas”.
De tal forma, instó al Gobierno a que se de discusión inmediata para construir un acuerdo transversal a los distintos proyectos para evitar que estas situaciones vuelvan a ocurrir.
La diputada Schneider a su vez hizo un llamado a “transparentar los datos de estas causas para dejar en claro, para que las familias sepan, para que las víctimas sepan y, por cierto, que el Gobierno le hable al país, que deje de echarle la culpa al empedrado y que le diga a todas y a todos quién cambió este criterio, quién tomó la decisión de liberar a estos criminales tan repudiables y que causaron un daño tan grande a nuestra sociedad y a nuestro país. Como Frente Amplio no seremos cómplices de la impunidad, ni menos de la crueldad que busca institucionalizar este gobierno”.
Carolina Tello, en tanto, planteó que el Gobierno ha actuado con “irresponsabilidad e incoherencia” ya que “no sólo ha rebajado las condenas a abusadores sexuales de niños y niñas, sino que también a condenados por violaciones a los derechos humanos. En su afán de ocultar la verdad, insisten en acusar al gobierno anterior sin ningún tipo de fundamentos. Es inaceptable que intenten eludir su responsabilidad confundiendo a la ciudadanía”.
También señaló que “esta parece ser la tónica de este gobierno. Dicen que se preocupan de las familias pero impulsan beneficios tributarios para las grandes empresas. Dicen que la seguridad es su prioridad pero rebajan las condenas de abusadores de niños y violadores de derechos humanos. No se puede gobernar diciendo una cosa y haciendo exactamente lo contrario. Esta vez les exigimos que como mínimo pongan a las víctimas por delante de los delincuentes y que el ministro Rabat dé un paso al costado”.
La solicitud se funda en las diversas declaraciones entregadas por el ministro Rabat, quien afirmó en un principio que se aplicó una “doctrina” de la Corte Suprema. Sin embargo, la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, fue clara: “fue el ministro de Justicia quien dictó decretos conforme a las facultades legales que tiene”.
Es importante recordar que desde 2022, la ley excluye de este beneficio a quienes cometen delitos sexuales contra menores. Desde entonces, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha rechazado estas solicitudes y defendía ese rechazo en los tribunales, pero el ministro Rabat cambió ese criterio y eligió la interpretación más favorable a los agresores, lo que sienta un precedente gravísimo y deja en la indefensión a las víctimas.
Asimismo, cuestionan el anuncio del proyecto de ley por parte del gobierno que busca impedir que situaciones como estas se produzcan en el futuro, llega tarde y no repara el daño producido.
Ante este hecho, los parlamentarios frenteamplistas exijgen responsabilidades, llamando al mandatario a pedir la renuncia inmediata del ministro Fernando Rabat, junto con:
1. Volver de inmediato al criterio de rechazar estas solicitudes y defender ese rechazo en tribunales.
2. Transparentar los 56 decretos: cuántas personas fueron beneficiadas, la fecha de los delitos, los antecedentes considerados y si se informó a las víctimas.
3. Explicar quién decidió cambiar el criterio y por qué.
4. Dar discusión inmediata a los proyectos que impiden estos beneficios por cualquier interpretación.