Los diputados Juan Santana (PS) y Luis Cuello (PC) presentaron esta jornada una denuncia penal en contra del ministro de Justicia, Fernando Rabat, por el delito de prevaricación administrativa tras la rebaja de penas a condenados por abusos sexuales a menores.
Santana explicó que la presentación de la acción judicial radica en que “cuando se cae un edificio y los escombros van cayendo poco a poco al piso, es una situación bien similar a la que está viviendo el gobierno con esta crisis, porque hemos ido conociendo gradualmente nuevos antecedentes que ponen en jaque la decisión que ha tomado el ministro de justicia de esta administración”.
En ese sentido, señaló que “él se excusó en la ley, ¿no? Y la ley que se aprobó el año 2022 es sumamente clara respecto a la retroactividad o no de este principio, y, naturalmente, esta no le da ningún tipo de derecho a ninguna autoridad de poder ser flexible o utilizar otro tipo de criterio con aquellas personas que cometieron delitos antes de la dictación de esta ley”.
Agregó que el secretario de Estado, posteriormente, menciona la jurisprudencia de la Corte Suprema, apuntando a que “esta no solamente es vinculante, sino que cuando además hemos conocido que también existe jurisprudencia en la dirección contraria a lo señalado por el propio ministro”.
Explicó que la denuncia penal por prevaricación administrativa consiste en “un acto administrativo que es contrario a la ley, que es una de las obligaciones principales que tiene la autoridad, y principalmente porque nos parece impresentable que el presidente de la república, José Antonio Kast, ratifique en su puesto a esta autoridad, toda vez que ha sido cuestionada no solamente por nuestro sector político, sino que por el propio exministro de justicia de Sebastián Piñera”.
Santana también precisó que también se está revisando si existe mérito para llevar adelante una acusación constitucional, sin olvidar que “vamos a tomar la vía penal para poder empujar las responsabilidades que corresponden contra autoridades que fueron desprolijas pero que, además, ponen en riesgo, justamente, la seguridad de los chilenos y chilenas”.