Por: Gonzalo Cruces, Seremi de Medio Ambiente
Si observamos la historia de la humanidad, uno de los grandes motores de nuestro desarrollo ha sido la búsqueda de certezas. Desde nuestros orígenes, buscamos comprender el mundo y anticipar sus cambios.
Un ejemplo fue el tránsito del nomadismo al sedentarismo. Durante miles de años, las comunidades humanas se desplazaron para acceder a recursos. La agricultura y la domesticación de animales permitieron establecer asentamientos, almacenar alimentos y organizar la producción. Pese a nuevos riesgos, contar con alimentos más estables amplió nuestra capacidad de planificar.
Así surgieron comunidades más complejas, instituciones y nuevas actividades económicas. Nuestra civilización también es fruto de esa búsqueda por reducir la incertidumbre.
Hoy seguimos funcionando sobre certezas compartidas. Un billete no es más que un trozo de papel, pero representa un valor porque confiamos en que otros lo reconocerán. Esa confianza sostiene mercados, contratos, instituciones y reglas de convivencia. El desarrollo requiere un grado razonable de certeza para proyectar nuestro futuro.
Esta necesidad está presente en las decisiones cotidianas: una familia que busca estabilidad, una empresa que invierte o el Estado que planifica infraestructura. Todas dependen de supuestos sobre los recursos disponibles y las condiciones futuras. Los riesgos siempre han existido. Pero ¿qué ocurre cuando cambian las condiciones sobre las cuales los calculamos?
Ese es uno de los grandes desafíos del cambio climático.
Durante generaciones construimos ciudades, infraestructura y modelos productivos sobre determinados patrones de la naturaleza. Hoy, el aumento de las temperaturas, los cambios en las precipitaciones y la intensificación de ciertos fenómenos extremos están alterando esos patrones.
Los recientes eventos meteorológicos en la Región Metropolitana muestran sus consecuencias. Cuando un aluvión afecta a una comunidad, el primer impacto es humano: familias cuya seguridad se ve amenazada, viviendas dañadas y pérdida de patrimonio. Pero sus efectos van más allá.
El comercio se interrumpe, los trabajadores tienen dificultades para trasladarse, las cadenas de abastecimiento se afectan y el Estado y las empresas deben redestinar recursos para responder y reconstruir. Recursos que podrían destinarse a invertir, innovar o generar nuevas oportunidades.
No se trata de recuperar una estabilidad absoluta de la naturaleza, sino de construir certezas mediante conocimiento, planificación y adaptación.
Desde el Ministerio del Medio Ambiente trabajamos con ese propósito. Una gestión ambiental más ágil y eficiente reduce incertidumbres institucionales, entrega respuestas oportunas y facilita el desarrollo, manteniendo los estándares de protección ambiental.
La economía circular promueve el uso eficiente de recursos, reduce la dependencia de materias primas y fortalece cadenas de valor más resilientes. Los planes de acción de cambio climático, sectoriales, regionales y comunales, permiten anticipar escenarios, identificar vulnerabilidades y preparar los territorios. Y la planificación ecológica y la protección de la biodiversidad reconocen el papel de los ecosistemas en la resiliencia de nuestras ciudades.
Durante mucho tiempo, crecimiento económico y protección ambiental parecían objetivos contrapuestos. Debemos superar esa mirada. Una empresa que usa mejor sus recursos puede reducir costos; una organización que anticipa riesgos climáticos protege sus operaciones; y una ciudad que incorpora criterios ecológicos puede disminuir su vulnerabilidad.
El costo de no anticiparnos a los riesgos ambientales no se mide solo por los daños, sino también por las oportunidades de desarrollo que dejamos de concretar. Por eso, la sostenibilidad no es una agenda paralela al desarrollo, sino una condición para alcanzarlo.
Si hace miles de años una mayor capacidad de anticipación transformó nuestras posibilidades de desarrollo, hoy enfrentamos un desafío igualmente trascendente: construir estabilidad en un mundo cambiante. Porque la certeza no significa garantizar que nada cambiará, sino contar con capacidades para enfrentar los cambios.
Esta es una de las principales tareas de nuestra generación: construir instituciones, empresas y ciudades capaces de desarrollarse en armonía con el medio ambiente, protegiendo los ecosistemas y adaptándonos a nuevas condiciones, incluso cuando las certezas del pasado ya no sean suficientes.
